Urgenda, la ONG que demandó el pasado abril al Ejecutivo arropada por un millar de ciudadanos, ha calificado la decisión judicial de “histórica”. No en vano es la primera vez en el mundo que un grupo de civiles recurre a la legislación europea sobre derechos humanos -y al derecho de daños- para pedir que se ponga coto a la contaminación.

“Es una victoria en toda regla. Algo a lo que siempre hemos aspirado y todo el mundo decía que nunca lograríamos”, ha dicho Marjan Minnesma, directora de Urgenda, nada más anunciarse el fallo. Según ella, las palabras de los jueces sientan jurisprudencia y otros países podrán reclamar en casos similares. Cabe, eso sí, la posibilidad de recurrir por parte de los abogados del Estado.

En su argumentación, sus señorías subrayan que las autoridades “tienen la obligación de proteger a los ciudadanos de los grandes peligros derivados del cambio climático”. También recuerdan que, a veces, “los jueces deben ocupar el sitio de los gobernantes cuando se trate de ejercer dicha protección para evitar maniobras injustas”. Y en el caso del clima, la población sufre directamente las consecuencias de la inacción oficial. “Para evitar males mayores, para 2020 habría que reducir entre un 25% y un 40% las emisiones de CO2. Un 25% es, por tanto, una cifra asumible. También desde el punto de vista del coste derivado de las medidas que deberán adoptarse”, añaden.

Los jueces han descartado las razones esgrimidas por los representantes oficiales, que temen el rechazo de las empresas, e incluso el abandono de suelo holandés, si estas son presionadas para controlar la contaminación que originen. Aunque la sentencia admite que el Estado reconoce la validez de los informes científicos sobre el cambio de clima, y en sí mismo no contribuye a ello, “sí tiene el poder y la obligación de influir a su mejora”. En el caso holandés, el impulso recibido por grupos de activistas como Urgenda será notable. Con un 24% del territorio nacional por debajo del nivel del mar, la subida de las temperaturas, y de las aguas, resultaría nefasta. A su vez, servirá para actualizar la imagen del país, pionero en asuntos medioambientales, pero también uno de los grandes contaminantes por culpa del puerto de Róterdam, y de la industria petroquímica.

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