Estos documentos son obligatorios para todos los pisos destinados a la venta o al alquiler, ya sean viejos o de nueva construcción, y otorgan a cada construcción una calificación en función del consumo que necesitan en el día a día. Se mide el gasto de electricidad, gas y calefacción y la calidad del aire interior, las condiciones de control térmico y lumínico y también las emisiones. Y cuanto mejor sea el aislamiento y menor la pérdida de energía, mayor nota se obtiene en una relación que va desde la A a la G, a semejanza de las etiquetas que llevan los electrodomésticos para promocionar los de bajo consumo, siendo las tres últimas letras un "suspenso".

Esta obligación, impuesta por la Unión Europea, da así al inquilino o futuro comprador una información mucho más precisa del gasto de energía que deberá afrontar cuando resida en ese inmueble, lo que también serviría para negociar el precios del contrato. En todo caso, la obligación es solo de obtener el certificado, indistintamente de la calificación que se consiga.

En el caso de Galicia, el departamento que dirige José Manuel Soria sitúa a 31 de diciembre del pasado año en un 79,1% la proporción de inmuebles que lograron la etiqueta de ineficientes, lo que significa casi cinco puntos por debajo de la media nacional, situada en el 84%.

En diciembre de 2014 los dueños habían sometido a evaluación energética 38.413 edificios en la comunidad gallega, de los que más de 30.400 se movieron entre las letras E, F y G, las calificaciones más bajas. Y aún tratándose de una comunidad del norte y con abundantes lluvias, "es la quinta autonomía de España en calidad de certificación", destaca la Consellería de Economía e Industria, que precisa que a día de hoy el número de inmuebles que se ha sometido a la prueba es ya de 46.404, si bien no precisa la calificación asignada a estos edificios analizados.

El informe elaborado por el Ministerio de Industria indica que solo 300 edificios obtuvieron la nota A o B, lo que da idea de la exigencia para conseguir la certificación más alta, aunque en este caso un requisito para lograrlas es disponer de caldera de biomasa o placas solares. Otros 1.700 se hicieron con la letra C y los 5.384 restantes merecieron el aprobado raspado (letra D).

Economía asegura que desde la Administración autonómica se está contribuyendo "en lo posible" a mejorar la eficiencia energética de los inmuebles y que en este sentido el Ejecutivo gallego acaba de poner en marcha un plan con un fondo de cinco millones de euros con el objetivo de fomentar la renovación de ventanas y de cubiertas con teja y pizarra, el cambio de ascensores y la instalación de calderas más eficientes o incluso placas solares.

Entre las razones que explicarían el suspenso de la mayoría de los edificios evaluados en Galicia figura que la mayor parte de los inmuebles son antiguos y los requerimientos técnicos de construcción eran muchos menos exigentes que los actuales. Y también que son viviendas destinadas a la venta o al alquiler, por lo que el dueño se ve obligado a solicitar la certificación pero como él no las va a habitar no se mete en grandes inversiones para mejorar el aislamiento o las instalaciones interiores de la propiedad.

Pero resulta llamativo que incluso edificios de nueva construcción suspenden el examen. En Galicia se han sometido a la evaluación 150 y el 27% obtuvo una calificación E o inferior. En el caso de España los datos son mucho peores, pues el 42% suspendió.

En términos absolutos, la comunidad española que mejores resultados ha obtenido en calidad, según el registro del Ministerio de Industria, es Andalucía, donde el 62% de sus inmuebles -más de veinte puntos por debajo de la media- son ineficientes. Tras ella se sitúan autonomías como Navarra, Comunidad Valenciana, Castilla y León y, empatada con Galicia, Cantabria.

Este certificado energético es obligatorio desde junio de 2013 para poder vender o alquiler una vivienda o un edificio tanto con fines residenciales como comerciales y los tiene que firmar un técnico competente. Los precios para obtenerlo oscilan entre los 50 y los 200 euros, según las tarifas que figuran en los portales de internet de un sinfín de consultores de la comunidad gallega. Pero luego hay que apuntarse al registro de la Consellería de Economía, que tiene un coste base de cinco euros, a lo que se suman otras tasas vinculadas a la superficie o al uso del inmueble en cuestión.

Pero el no pasar este trámite tiene también un precio. Las sanciones por alquilar o vender un inmueble sin el certificado tiene la consideración de infracción y las multas van desde los 300 a los 6.000 euros.

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