Raquel Ñeco, de Verdemar-Ecolgoistas en Acción, ha asegurado a Europa Press que los paneles de información de la contaminación llevan "más de un año sin funcionar" en las zonas "más calientes desde el punto de vista medioambiental" por su cercanía a las industrias, como son "Puente Mayorga, el economato de Cepsa, Campañento o Guadarranque".

Cuando dichos paneles funcionan aportan una información "muy general" sobre "partículas en el aire, aunque sin especificar cantidad, de CO2 (dióxido de carbono) y NOX (óxidos de nitrógeno) y se limita a poner 'bueno', 'malo' o 'regular'".

Sin embargo, los paneles situados en núcleos más alejados como Algeciras, La Línea o el casco urbano de San Roque, están en funcionamiento y especifican "qué contaminantes están en el aire y la cantidad, cuáles son los límites que no se deben superar y cuáles son las consecuencias para la salud de esos contaminantes".

Indica que en el último trimestre de 2014 mantuvieron una reunión con representantes de la Junta en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz para dar cuenta de esta situación y "la respuesta de la Junta fue que no había dinero para arreglar esos paneles".

A los ecologistas les resulta "muy sospechoso" que sean precisamente los cercanos al polo industrial los que no funcionan, al tiempo que acusan a la Administración andaluza de "incumplir sistemáticamente la Directiva europea que obliga a los estados miembros a garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a conocer la calidad del aire que respiran", motivo por el que tienen planteada una denuncia en la Comisión Europea.

PRESIÓN A LAS GRANDES INDUSTRIAS

Sostiene que si la Junta no tiene medios económicos para solucionar este problema, bien podría "obligar a las grandes industrias, que ingresan enormes beneficios en sus cuentas, a encargarse del mantenimiento de esos paneles".

Agrega Ñeco que en febrero registraron un escrito en la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente en el que solicitan los datos de todas las estaciones de medición de calidad del aire de todos los municipios del Campo de Gibraltar, así como de los focos monitorizados de las industrias del Campo de Gibraltar desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha actual.

Igualmente y sobre el mismo periodo, reclaman el resultado del seguimiento de la Red de Control y Vigilancia de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas del litoral de la Bahía de Algeciras, de los estuarios y desembocaduras de los ríos Guadarranque, Palmones y Guadiario, y los arroyos y afluentes que sean sometidos a control.

Se amparan para hacer esta petición en la Ley 27/2006 que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, la cual incorpora la Directivas europeas 2003/4/CE y 2003/355/CE. Sin embargo, "a fecha de hoy no se han dignado a contestar".

DEJACIÓN DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES

Recalca Ñeco que las directivas europeas son "de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros", con lo que "si la Junta incumple, el Gobierno central debería tomar medidas para garantizar su cumplimiento". Asimismo, reprocha a los ayuntamientos de la zona "que no lo exijan en beneficio de sus ciudadanos", por lo que "hay un incumplimiento flagrante a escala de Gobierno central, autonómico y local".

Por ello, el colectivo ecologista está dispuesto a "movilizar a la población" y a protagonizar protestas en la comarca campogibraltareña antes de las elecciones municipales del 24 de mayo, ya que, en su opinión, "los partidos sólo se acuerdan de los ciudadanos para pedirles el voto, sin velar luego por sus intereses ni solucionar sus problemas".

Finalmente, Verdemar exige a las nuevas formaciones políticas Ciudadanos y Podemos que "tomen conciencia y se posicionen" en relación a este asunto. Espera que "presionen" al Gobierno de la Junta sobre "la importancia que tiene el medio ambiente en la comarca, donde nos morimos más y antes que en el resto de España, donde se superan los contaminantes que marcan las directivas europeas y normas nacionales sin que haya presión ni sanciones por parte de los gobiernos".

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